El Ministerio de Gobernación aseguró este martes, 31 de marzo, que la construcción del Centro de Máxima Seguridad en Izabal cumple con todos los requisitos legales, técnicos y administrativos establecidos por la normativa vigente. Según la institución, el proyecto ha sido diseñado conforme a los procedimientos institucionales, lo que garantiza su viabilidad y legalidad.
La cartera indicó que la resolución emitida recientemente, que dejó en suspenso el proyecto, tiene carácter provisional y será abordada mediante los mecanismos legales correspondientes, en apego al Estado de Derecho. En ese sentido, los equipos jurídicos del Estado se preparan para activar los recursos necesarios ante las instancias competentes con el fin de asegurar la continuidad de la obra.
Las autoridades subrayaron que este tipo de acciones legales no deslegitiman el proyecto ni frenan la responsabilidad del Estado de avanzar en soluciones estructurales en materia de seguridad. Asimismo, destacaron que la construcción del centro penitenciario es considerada una prioridad de seguridad nacional.
El proyecto está a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, entidad que, de acuerdo con el Ministerio, cuenta con la capacidad técnica y experiencia necesarias para ejecutar la obra bajo altos estándares de calidad.
Finalmente, la cartera del Interior reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones dentro del marco legal para fortalecer el sistema penitenciario, recuperar su control y garantizar la seguridad de la población.
Suspenden construcción de cárcel
Una corte de apelaciones ordenó suspender la construcción de una cárcel de máxima seguridad, insignia de la política contra el crimen y las pandillas del Gobierno de Bernardo Arévalo de León, apenas un día después de que se colocara la primera piedra del proyecto de 130 millones de dólares e ideado para albergar más de 2 mil reclusos.
Se trata de la prisión de máxima seguridad 'El Triunfo', una obra encargada a ingenieros del Ejército en el departamento de Izabal en un terreno incautado al narcotráfico, y destinada a aislar a líderes de "maras" o pandillas y del crimen organizado, así como a otros reos de alta peligrosidad.
La Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Izabal otorgó un amparo provisional a un grupo de cuatro ciudadanos particulares, de quienes no se conoce mayor trayectoria pública, que alegaron riesgos ambientales, según el texto del amparo.
Los magistrados ordenaron a los ministerios de Gobernación y de la Defensa "detener toda medida del inicio de la construcción" con el argumento de que la ubicación del penal "representaría un alto riesgo de inundación, lo que hará que se tenga que trasladar a los privados de libertad de emergencia con las sabidas pérdidas materiales o humanas".
