El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, presentó una serie de acciones luego de ser excluido del proceso de elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP). Entre estas, se encuentra un amparo contra la comisión de postulación, el cual fue admitido para su trámite.
En la documentación relacionada con el caso se detalla que el juzgado tomó nota del auxilio profesional y admitió el recurso por lo que, con el fin de profundizar, la comisión deberá remitir los antecedentes del caso o, en su defecto, un informe sobre el acto reclamado para resolver el amparo provisional solicitado.
Según la información obtenida al respecto, el Juzgado Cuarto Civil, constituido en Tribunal de amparo, dio un plazo de 48 horas después de la notificación a la postuladora para que rinda un informe circunstanciado.
Villeda recibió un punteo de 41.86, muy por debajo de la calificación mínima (75 puntos) que fijó la comisión para poder avanzar a la siguiente fase y que los aspirantes pudieran ser tomados en cuenta para integrar la nómina final que será enviada al presidente Bernardo Arévalo.
El profesional dijo ayer, durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que interpondría un amparo para que un tribunal analice su caso y determine si se han violado sus derechos constitucionales, con el fin de que se reconozca su trayectoria profesional desde su colegiación como abogado.
El caso de Villeda ha captado la atención tomando en cuenta la carrera que registra en el Organismo Judicial y la forma en que su situación fue abordada por la postuladora, ya que el pasado viernes se discutió durante más de cinco horas por parte de los comisionados si se avalaría o no el ejercicio de más de 30 años como juez que ha tenido el aspirante.
Preocupación en el gremio y precedentes
La decisión de la Comisión ha generado inquietud no solo entre jueces, sino también entre fiscales. Villeda reveló haber recibido numerosas llamadas de colegas preocupados, ya que muchos de ellos tampoco están inscritos en el registro de abogados de la Corte Suprema, pues su profesión solo les exige ser abogados y tener el colegiado activo. Esta situación, advierte Villeda, crea una disparidad y discriminación entre quienes litigan en el ámbito privado y quienes, por su función pública, no lo hacen.
El ministro recordó que no es la primera vez que se presenta esta situación. En 2014, cuando participó para Fiscal General, la misma Comisión de Postulación solicitó el registro de abogados y notarios. En aquella ocasión, la comisión entendió que el requisito no le aplicaba por ser juez y no estar obligado a dicha inscripción. Villeda enfatizó que su trayectoria y la claridad de su situación nunca han estado ocultas.
* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7
