El Gobierno de Guatemala anunció este martes, 21 de abril, la implementación de un Estado de Prevención en cinco departamentos del país, como medida para reforzar la seguridad y el orden público ante el aumento de actividades vinculadas a grupos criminales.
La disposición fue oficializada mediante el Decreto Gubernativo Número 6-2026, emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros. La medida estará vigente durante 15 días y abarca los departamentos de Guatemala, Escuintla, Izabal, San Marcos y Huehuetenango.
Según el documento publicado en el diario oficial, la decisión responde a informes de seguridad que alertan sobre la presencia de maras y pandillas, así como hechos de violencia que ponen en riesgo la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos. El Ejecutivo argumenta que estas acciones buscan prevenir perturbaciones graves del orden público y garantizar la protección de los derechos de la población.
Medidas del Estado de Prevención
Entre las medidas contempladas, se incluye la restricción de reuniones y manifestaciones en espacios públicos, la posibilidad de disolver concentraciones que puedan derivar en hechos violentos y la limitación de la circulación de vehículos en determinadas zonas y horarios. No obstante, el decreto establece que estas disposiciones deberán aplicarse sin discriminación y respetando los derechos humanos conforme a la ley.
El gobierno también indicó que las acciones serán coordinadas entre las distintas instituciones de seguridad y autoridades locales, quienes deberán informar sobre su ejecución. Asimismo, se ordenó la traducción del decreto a idiomas mayas para garantizar su comprensión en todo el territorio.
Finalmente, el Ejecutivo subrayó que la medida se fundamenta en la Constitución Política de la República de Guatemala y en tratados internacionales suscritos por el país, asegurando que su aplicación será temporal y proporcional a la situación que se enfrenta.
El Estado de Prevención que se ha mantenido en los últimos meses en el país le siguió a un Estado de Sitio que decretó el Gobierno después de una serie de ataques contra las fuerzas de seguridad ocurridos en enero de este año, los cuales dejaron 11 policías fallecidos y fueron atribuidos a las pandillas.
