La exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González, presentó este lunes 21 de septiembre una solicitud de retiro de antejuicio contra el juez Décimo Penal, Jimi Rodolfo Bremer, a quien señala de la posible comisión de cinco delitos.
El togado conoció el caso contra la abogada, quien enfrenta proceso penal por el cargo de abuso de autoridad. Fue justamente él quien dictó el auto de procesamiento en 2023 para que enfrentara a la justicia y se profundizaran las investigaciones sobre las supuestas irregularidades en las que habría incurrido la sindicada.
"El día de hoy, como lo habíamos anunciado con mi equipo de abogados, estamos presentando un antejuicio para el levantamiento de la inmunidad del juez Décimo, Jimi Bremer, a la luz de la decisión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, que señala que todas las acciones en mi contra, mi detención y todas las vulneraciones de derechos humanos que se dieron dentro de mi proceso, tienen que ser investigados por el Estado de Guatemala", dijo la jurista.
Agregó que esta acción es parte de las medidas para demostrar que el proceso penal en su contra surgió por temas de criminalización.
La representante legal de González explicó que los posibles de los que se señala a Bremer son: prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, retardo malicioso y denegación de justicia.
Asimismo, explicó que el expediente fue enviado al Juzgado Quinto, al cual le corresponderá inhibirse, tal como lo declara la Ley de Antejuicio, y remitirlo a la Corte Suprema de Justicia para que determine el seguimiento de la solicitud de levantamiento de la inmunidad.
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La organización Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC) y la defensa legal de la abogada y activista de derechos humanos Claudia González Orellana exigieron a inicios de septiembre al Estado de Guatemala cumplir una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que declaró "arbitraria" su detención en 2023 y demandó su inmediata reparación.
En rueda de prensa, la organización no gubernamental canadiense y González remarcaron que se violaron sus "derechos fundamentales" al ser detenida durante casi tres meses en 2023 por acciones que emprendió el Ministerio Público (Fiscalía).
La abogada fue perseguida judicialmente por su labor como mandataria de la extinta CICIG, un ente de la ONU que entre 2014 y 2019 desmanteló más de 200 estructuras corruptas dentro del Estado.
El Ministerio Público que procesó penalmente a González estuvo bajo el mando de la entonces fiscal general, Consuelo Porras Argueta, sancionada por posible corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.
González permaneció ochenta y dos días en prisión preventiva tras ser capturada en agosto de 2023 por presunto "abuso de autoridad" —un delito aplicable solo a funcionarios públicos—, proceso iniciado a raíz de una denuncia presentada por una exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia a quien la exmandataria investigó durante su gestión en la CICIG.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7
