Con el momento cada vez más cerca para que Walter Mazariegos tome posesión para un nuevo período como rector en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), han surgido más acciones legales, pronunciamientos y peticiones para que se resuelvan los recursos pendientes presentados en el marco del proceso que llevó a su reelección.
El diputado José Chic presentó este viernes, 26 de junio, una solicitud dirigida al fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna, para que se agilicen las denuncias que interpuso meses atrás contra Mazariegos y miembros del Consejo Superior Universitario (CSU).
Las acciones planteadas por el legislador están relacionadas con supuestas irregularidades en el proceso de elección de rector y el manejo de fondos de esa casa de estudios.
El parlamentario anunció en abril pasado que accionaría contra Mazariegos y las autoridades universitarias, a quienes señaló de posible abuso de autoridad y usurpación de funciones.
Antes de que se concretara el nombramiento del profesional para un nuevo período como rector, el legislador informó que solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC) que resolviera con carácter urgente las acciones legales relacionadas con la elección, al considerar que existía una crisis de legalidad que vulnera derechos constitucionales y la autonomía universitaria.
Otra acción planteada contra reelección
En abril pasado, diputados oficialistas de la facción Semilla presentaron un memorial ante la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo, argumentando que, pese a las acciones legales previamente interpuestas, la elección de rector de la Usac se llevó a cabo sin la debida acreditación de los cuerpos electorales.
De acuerdo con el documento, los legisladores sostienen que la amenaza denunciada "ha dejado de ser potencial y se ha materializado", ya que el proceso de elección se realizó sin cumplir con requisitos fundamentales, lo que, según afirman, constituye una transgresión al principio de legalidad, al debido proceso y a las garantías de transparencia que deben regir el proceso electoral universitario.
En el memorial se advierte que estos hechos generan "vicios de nulidad absoluta" y comprometen la legitimidad del proceso, así como el derecho de participación de los sectores involucrados. Por ello, solicitaron al tribunal que se otorgue un amparo provisional, se suspendan los efectos del acto consumado y se evite la consolidación de sus consecuencias jurídicas.
Asimismo, pidieron la conservación del estado de cosas anterior a la elección mientras se resuelve en definitiva la acción constitucional, así como la remisión inmediata de antecedentes administrativos, informes circunstanciados y toda la documentación relacionada con el proceso electoral cuestionado.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7
